La Gandula

La ley de vagos y maleantes, conocida popularmente como La Gandula, fue una ley española aprobada por la II República​ en 1933, con el consenso de todos los grupos políticos, referente al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales y que, posteriormente, fue modificada para reprimir también a los homosexuales.

En principio fue una ley que no sancionaba delitos sino que intentaba evitar la comisión futura de los mismos, por tanto, no incluía penas, sino medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos hasta que se determinara que se había acabado su peligrosidad. No obstante, su desarrollo reglamentario desvirtuó completamente la ley llegando a crear campos de concentración, denominados Reformatorios de Vagos y Maleantes​, siendo ésta utilizada arbitrariamente para la represión de las personas sin recursos.

Ámbito

La categorización de las conductas antisociales a perseguir incluidas en el artículo 2 de la ley, eran las siguientes:

a) Los vagos habituales.
b) Los rufianes y proxenetas.
c) Los que no justifiquen cuando legítimamente fueren requeridos para ello por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia de dinero o efectos que hallaren en su poder o que hubieren entregado a otros para su inversión o custodia.
d) Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o a lisiados.
e) Los que exploten juegos prohibidos o cooperen con los explotadores a sabiendas de esta actividad ilícita, en cualquier forma.
f) Los ebrios y toxicómanos habituales.
g) Los que para su consumo inmediato suministren vinos o bebidas espirituosas a menores de catorce años en lugares y establecimientos públicos o en instituciones de educación e instrucción y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual.
h) Los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio mediante requerimiento legítimo hecho por las autoridades o sus agentes, y los que usaren o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios.
i) Los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión del territorio nacional.
j) Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes; por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales.

La aplicación de la ley

Tal y como diputados socialistas y juristas progresistas habían vaticinado, las derechas, una vez que alcanzaron el poder en las elecciones de 1933, hicieron un uso abusivo de la ley. Es así, como durante el bienio negro (1933 – 1935),  periodo de desnaturalización de la República, se desvirtuó su espíritu y su letra.

Un hito fundamental en la desvirtuación de esta ley fue la aprobación en 1935 del Reglamento sobre Vagos y Maleantes, donde, en palabras del Conde de Romanones: “ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”. Ese reglamento, contradiciendo todo principio jurídico, alteró el contenido de la ley mediante la adición de nuevas categorías del estado peligroso y la inclusión de una cláusula final que posibilitaba la interpretación analógica (herramienta interpretativa que la ley otorga a un juez para aplicar una norma a un supuesto distinto del que contempla, basándose en la similitud entre ambos), lo que sin duda, fue pieza clave de las actuaciones arbitrarias del gobierno.

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Conde de Romanones

En este contexto, abundó el castigo automático de los delitos contra la propiedad, declaraciones de peligrosidad sin análisis psicológico, ausencia de individualización de la pena, evitación anticipada de formas de reincidencia y otros actos que iban contra la esencia misma de la ley. La Gandula fue usada contra individuos que no tenían recursos y que resultaban molestos en ciertas poblaciones, ya que una de las medidas que se incluían era la expulsión de un determinado lugar o la obligación a residir donde el juez decidiese. Se convirtió así en una ley contra los más desfavorecidos.

Esta desnaturalización de la norma, se tradujo, no sólo en la oposición a la misma por parte de uno de sus creadores, Luis Jiménez de Asúa, sino en el rechazo de las izquierdas, que propugnarían la derogación de la ley.

Los campos de concentración

La ley incluía en su articulado una mención especial para el tratamiento que se debe dar a todos los condenados por los juzgados creados para este cometido. En el capítulo II, incluye el internamiento en campos de trabajo y de concentración.

La apertura de uno de estos complejos en Alcalá de Henares fue noticia en toda la prensa de la época. Especialmente para La Vanguardia y ABC, así como para la revista Estampa, que realizó un monográfico.

Portada Estampa
Publicación 18 agosto 1934 sobre los campos de concentración

La creación de estos campos de concentración fue acogida con horror por las posibles víctimas de La Gandula, en una época en la que el hurto para subsistir, el desempleo o la mendicidad, estaban muy extendidas en todo el territorio español. Esta ley sancionaba el simple hecho de ser pobre como posible inquilino de uno de estos campos de trabajo.

“Me voy de España espantado al solo pensamiento de caer en las mallas de ese tormento penitenciario…Esto se pone muy mal, no hay conciencia. Quieren acabar con todos nosotros” decía uno de los posibles afectados por esta ley a la revista.

Los presos en los campos de concentración estaban obligados a realizar trabajos forzosos, en su mayoría en colonias agrícolas. La mayoría de los reclusos eran ladrones de poca monta y presos que fueron juzgados en virtud del capítulo uno de la ley, los vagos habituales, o lo que es lo mismo, desempleados. Por otro lado, los que casi nunca llegaban a entrar en el campo de concentración debido a su alto poder adquisitivo, eran los denominados “jugadores de ventaja y rufianes”, los comerciantes de mujeres o proxenetas. “Hay un individuo, tratante de blancas, que al ser detenido en Madrid explotaba a cuatro mujeres, tenía alquiladas dos casas, poseía automóvil, guardaba en una cuenta corriente cerca de diez mil duros y tenía un maravilloso guardarropa con diez y ocho o veinte trajes de corte y calidad impecables”.

Trabajos forzados
Condenados realizando trabajos forzados en campos de concentración

Modificación de Franco en 1954

La ley de vagos y maleantes se mantuvo vigente hasta prácticamente 1970 con una pequeña modificación hecha en 1954 por la dictadura Franquista. La adenda consistió en un apartado de la categorización de las conductas antisociales, en la que se incluyó la homosexualidad como un delito a perseguir. En el resto de articulado mantuvo el espíritu y la letra de la ley de 1933.

Artículo primero: (…) el número segundo del artículo segundo y el número segundo del artículo sexto de la Ley de Vagos y Maleantes, de cuatro de agosto de mil novecientos treinta y tres, queda redactados de la siguiente forma:

Artículo segundo.- Número segundo.- Los homosexuales, rufianes y proxenetas…

Artículo sexto.- Número segundo.- A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos o lisiados, se les aplicarán para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:
a) Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales sometidos a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.
b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.
c) Sumisión a la vigilancia de los delegados.

En 1970 fue derogada dando paso a la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social que mantenía los mismos principios represores estableciendo penas de hasta 5 años de reclusión o de internamiento en centros psiquiátricos. A pesar de que durante el periodo democrático esta ley no fue aplicada, sorprendentemente, continuó vigente hasta su derogación en el año 1995.

Conclusión

Para terminar, una reflexión que en anteriores artículos ya he compartido, y es que no debemos olvidar que de aquellos barros, estos lodos. Aunque el matiz, en este caso particular, quizás recaiga en que esos barros no sean tan lejanos y, el lodazal, siga apestando a podredumbre más que nunca; sólo habría que hacer una reflexión sobre nuestra actual “ley de seguridad ciudadana”, nuestra ley mordaza.

Post basado en artículo de @AntonioMaestre en el diario digital lamarea.com.
Nuestro más sincero agradecimiento.

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